Ecuador ratifica defensa del Estatuto de Roma y la independencia de la Corte Penal Internacional
por ANDES/@relicheandres » 17:34 - 1 jun 2010
Quito.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, expuso la propuesta de Ecuador en la Conferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que se realiza en Kampala-Uganda durante esta semana.La cita reúne a 86 países que propondrán cambios al Estatuto de Roma para la aplicación de este instrumento internacional.
El funcionario dijo que Ecuador renovó su compromiso de la defensa del Estatuto de Roma y la independencia de la Corte Penal Internacional. Recordó que hace 12 años “nos comprometimos a aplicar el Estatuto de manera integral, sin discriminar entre las obligaciones respecto de los crímenes”.
Frente a los compromisos internacionales de compatibilización de delitos y sanciones, establecidas en el Estatuto de Roma, Ecuador ha incorporado estas figuras jurídicas en el Código Penal y la ratificación de la competencia de la jurisdicción universal en la Ley procesal respectiva, precisó.
Explicó que el país ha vivido una profunda reforma política, económica y social, cuya primera fase concluyó con la adopción de la nueva Constitución en septiembre de 2008, mediante un referéndum. El texto constitucional aprobado tiene como eje central la protección y promoción de los Derechos Humanos.
La nueva Constitución desarrolla y amplía los derechos colectivos e individuales de los ecuatorianos, e incorpora importantes disposiciones del Derecho Internacional Humanitario relacionadas con la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, dijo.
y agregó que también prohíbe la pena de muerte, los desplazamientos forzados y la detención arbitraria. Además garantiza la protección de los refugiados, el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia
Durante su intervención, Serrano señaló que la nueva Carta Política de Ecuador condena el liderazgo y la obediencia en las acciones de las Fuerzas Armadas, que no se sujeten al ordenamiento jurídico, fundamentado en la democracia, los derechos humanos y la dignidad de las personas.
“El artículo 80 establece la imprescriptibilidad de las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión, y reconoce la responsabilidad penal del superior que ordenó tales crímenes”, subrayó.
Según el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la nueva Constitución exigía una reforma seria e integral que pusiera a tono la legislación ecuatoriana con el desarrollo conceptual mundial y regional, como mecanismo para asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal.
Por eso, Ecuador -manifestó- tiene el anteproyecto del Código Orgánico de Garantías Penales, que desde diciembre del 2009 se encuentra en proceso de validación a nivel nacional con diversos actores de la sociedad civil, instituciones del Estado y organismos internacionales.
“El Código se presenta como un esfuerzo participativo que permite incluir el aspecto sustantivo, procesal y de ejecución de penas en un solo documento”, sostuvo el Ministro Serrano.
El anteproyecto ha incluido ya en su tipificación al acto de agresión y a la utilización de armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario en un conflicto interno. También incorpora delitos que no existían, como la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual en conflicto armado.
El Código Orgánico de Garantías Penales está entre las leyes priorizadas por la Presidencia de la República para su tramitación y se someterá a la aprobación de la Asamblea Nacional hasta fin de año como compromiso del Estado ecuatoriano ante esta Conferencia.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que Ecuador reitera la importancia de adoptar la definición del crimen de agresión, de manera consistente con el artículo 5 del Estatuto y con la Resolución F del Acta Final de la Conferencia de Roma. “Es indispensable garantizar la coherencia con el objeto y fin del Estatuto de Roma, y el principio de igualdad de todos los individuos ante la ley”.
Ecuador compromete todos sus esfuerzos para este fin, ratifica su firme decisión de asegurar la legitimidad de la Corte, a través de la aplicación de los mismos mecanismos que existen actualmente respecto de los otros tres crímenes regulados en el Estatuto para activar la jurisdicción.
Además subrayó que no deben existir prerrogativas procesales que puedan favorecer la impunidad.
“Deseamos contribuir a desterrar los aires de contradicción que se han promovido entre los conceptos de paz y justicia, porque estamos convencidos de la necesidad impostergable de luchar contra la impunidad, y de no negociar con las vidas de miles de seres humanos a cambio de una frágil estabilidad política”, concluyó.
