Aguigaña: Labores en bloque 31 están respaldadas por licencia otorgada en 2007
por ANDES/@relicheandres » 18:20 - 22 ago 2010
QUITO.- La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, negó “categóricamente” que el Gobierno esté violentando los derechos de las comunidades indígenas que habitan en las zonas petroleras de la provincia de Orellana, específicamente en el área que comprende el Bloque 31.
Explicó que las labores de exploración en campos Kenke y Apaika (en el bloque 31) están respaldadas por una licencia ambiental que fue otorgada en octubre de 2007 a favor de la compañía petrolera Petrobras. Es decir, antes de la aprobación de la nueva Constitución (en 2008).
“Desde el ámbito del criterio jurídico la explotación del campo no requiere de un pronunciamiento constitucional, porque es anterior a 2008 y en derecho las normas son de carácter futuro no retroactivo”, puntualizó en entrevista con ANDES.
Hay que recordar que Petroamazonas se hizo cargo del bloque 31 a finales de 2008, una vez que la compañía brasileña Petrobras abandonó sus operaciones y las devolvió al Estado.
Indicó que dicha licencia establece estándares ambientales de altísimo nivel. Por ejemplo, se prohibió la apertura de caminos terrestres para ingresar al campo. “El ingreso no es helitransportable”, señaló.
La ministra ratificó que el Ministerio de Ambiente ha tomado todos los mecanismos de prevención para que cualquier exploración en el área se haga con el menor impacto ambienten posible.
Además, explicó que en lo que en lo que corresponde a los campos Tambococha y Tiputini (TT) “no existe licencia ambiental alguna” y aclaró que en esa zona hubo intervención en el año 2003 por autorización del gobierno de turno. Recordó que por decisión del Gobierno, Ischpingo quedó fuera de las labores extractivas por consideraciones ecológicas y porque en esas zonas habitan comunidades en aislamiento voluntario.
La ministra también manifestó que al ser un sector estratégico cualquier acción no depende sino de la decisión del Gobierno central basada en la voluntad soberana de los ecuatorianos, aunque especificó que su Cartera de Estado ha iniciado un trabajo de socialización con las comunidades “para que conozcan las condiciones de compensación y mejorías que va a tener la comunidad al concretarse un proyecto extractivo de esta naturaleza”, dijo.
“Esta decisión no puede estar condicionada a la voluntad de una autoridad local”, añadió.
“En el TT tenemos un cronograma de trabajo como corresponde a cualquier Cartera de Estado que tiene que hacer una planificación de largo plazo para, en el supuesto no consentido que el plan A (iniciativa Yasuní ITT) falle, el Ecuador esté listo para no perder más tiempo y utilizar sus recursos no renovables”, manifestó al negar que un estudio de impacto ambiental pueda concretarse en el corto plazo, como lo han señalado algunos sectores.
Aguiñaga ratificó que Ecuador ha sido absolutamente coherente con su posición. “Nuestro plan prioritario es el plan A pero si nadie nos responde, no tendríamos otra alternativa que utilizar los recursos naturales que se requieren para educación salud, saneamiento, etc.”, mencionó al recordar que si se aplica esta alternativa, previamente deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional.
En este sentido, la ministra exhortó a los países que, en primera instancia, han ofrecido su apoyo a que realicen contribuciones en firme u compromisos oficiales concretos. /GMC
